La jueza de la dana, Nuria ruiz Tobar, desmonta en su último auto el informe de la cronología entregado por la Guardia Civil, en el que reprobaba a la Confederación Hidrográfica del Júcar y la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) la falta de avisos de lluvias y caudales en las horas críticas de las inundaciones que causaron 228 muertos el 29 de octubre en la provincia de Valencia.
“Es un informe erróneo por los limitados elementos de prueba con los que cuenta en su elaboración. Se trata de un informe extenso, 220 páginas, pero que ni puede atender a lo que sucedió en el CECOPI, a las testificales de los técnicos, a las declaraciones de los familiares de las víctimas que fijan en muchos casos casi el momento exacto en el que fallecieron sus allegados (elemento de conexión con el retraso en la alerta), a los peritos que analizan y analizarán aspectos cruciales sobre las previsiones y los desbordamientos”, dice en uno de sus párrafos la magistrada de Catarroja que instruye la causa penal.
“No se atiende a declaraciones de especial relevancia y de indudable prestigio por su cualificación profesional que expresan conclusiones radicalmente distintas a las expuestas e incluidas indebidamente en la cronología. Refleja una teoría, la del apagón informativo, plenamente superada, que fue descartada judicialmente. Y en lo concerniente a la información de la AEMET proporcionada al 112 de la Generalitat, no se incide en las comunicaciones que efectivamente se produjeron telefónicamente. Una de ellas era un audio, que presuntamente se publicó recortado, y que reflejaba que efectivamente sí que se informó sobre la evolución meteorológica. No existe mención alguna a dicha comunicación de especial relevancia que fue publicitada y difundida públicamente, incluso por alguna autoridad, como un medio de desacreditar la existencia real de avisos por la AEMET”, apunta en referencia al presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, del PP, que difundió el audio manipulado en sus cuenta de X.
En lo correspondiente al conocido como “apagón informativo”, el único apagón que se produjo es lo que se calificó en el CECOPI como periodo de trabajo exclusivamente presencial, que se produjo en dos ocasiones, en momentos cruciales, y que por otro lado no es objeto de análisis en su repercusión y consecuencias en el informe de la Guardia Civil. La responsabilidad de la falta de comunicaciones sobre la evolución y desbordamientos se atribuye a la CHJ y a su presidente», apunta la jueza. En este sentido, el informe de la Guardia Civil “refleja una teoría, la del apagón informativo, plenamente superada, que fue descartada judicialmente”.
“Los bomberos forestales fueron desplegados y se retiraron. Difícilmente se puede achacar a la Confederación Hidrográfica del Júcar ni a su presidente que se retiraran los bomberos, que no se controlara el desbordamiento, y que se ocasionara el abrumador número de fallecimientos. Todas estas cuestiones no son abordadas por el informe de la Guardia Civil”, prosigue.
“La retirada de los bomberos forestales consta también en la documentación remitida por el Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia, refiriendo que se movilizan dos unidades, la de Buñol y la de Alzira. La de Buñol para realizar lecturas de nivel de agua en escalas en el barranco del Poyo en zonas de Ribarroja y Cheste, a fin de “iniciar la vigilancia en el punto de inspección de Ribarroja, parte alta de la cuenca, dado que “si se alcanza un nivel crítico en ese punto, la consecuencia sería la afectación directa en los municipios aguas abajo, en concreto, Torrent, Picanya y Paiporta”.
Tras una larga exposición razonada, la jueza rechaza la “declaración como investigado de Miguel Polo Cebellán”, presidente de la CHJ, com en anteriores ocasiones., que había solicitado la acusación representada por la Asociación Liberum.
[Noticia de última hora. Habrá actualización en breve]
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