A tres meses de terminar el año, aún quedan más de S/2,000 millones por ejecutar en seguridad ciudadana.

 Pese a que el país destina cada vez más recursos para enfrentar la delincuencia, la inseguridad ciudadana sigue en aumento. En los últimos diez años, el presupuesto para seguridad ciudadana ha crecido un 30%, pero los casos de extorsión y homicidio han continuado en aumento.

Este año, el Estado asignó S/6,327 millones al programa destinado a reducir los delitos y faltas que afectan la seguridad. De ese monto, los tres niveles de gobierno han ejecutado el 70% en los primeros nueve meses, una cifra superior al promedio de la última década (68.3%).

“Si vemos la otra cara de la moneda, notaremos que a tres meses de acabar el año nos quedan más de S/2,000 millones por ejecutar. Esto implica que, en el tramo final del año, las entidades públicas enfrentarán la presión de gastar con más prisa. Recordemos que la calidad del gasto público no se mide solo por cuánto se ejecuta, sino también por el impacto que genera cada sol invertido. Un gasto de calidad es aquel que se planifica, se ejecuta a tiempo y mejora efectivamente la seguridad de las personas”, explicó Gustavo Meza, economista de la Red de Estudios para el Desarrollo (REDES).

Sin embargo, el aumento del presupuesto no ha logrado frenar la violencia. Entre junio de 2018 y junio de 2025, las denuncias por extorsión aumentaron de un promedio de 3 a casi 76 por día. Y mientras esas cifras se disparan, se estima que cada cuatro horas un peruano pierde la vida a causa de un homicidio, según Sinadef.

“Para combatir la inseguridad no basta con gastar más, sino con gastar mejor. Eso significa invertir el dinero en mayor inteligencia policial, capacitaciones, tecnología que ayude a prevenir el delito y comisarías eficientes. Cada sol debería traducirse en calles más seguras y ciudadanos menos expuestos, y eso solo se logra cuando el dinero se usa con estrategia”, precisó Meza.

La composición del presupuesto revela un sesgo que limita su impacto: el 89% se destina a sueldos, salarios y gastos corrientes, mientras que el 11% restante se dirige a la mejora de comisarías, la instalación de sistemas de videovigilancia o el fortalecimiento de la investigación policial. Sin embargo, pese a que el presupuesto ha aumentado y gran parte se destina a sostener al personal policial, las condiciones en las que operan muchas dependencias siguen siendo precarias.

“Aún hay comisarías en mal estado, sin servicios básicos, con patrulleros inoperativos y equipos insuficientes para enfrentar la delincuencia. Un ejemplo es la comisaría de Surquillo, cuya infraestructura colapsó y tuvo que ser cerrada temporalmente. Esto nos demuestra que sin condiciones mínimas, es difícil mejorar la seguridad en las calles. Los efectivos enfrentan dificultades para mantener sus instalaciones, renovar vehículos o contar con el equipamiento necesario para realizar labores de patrullaje, prevención e investigación. Estas carencias reducen la capacidad de respuesta frente a la delincuencia”,  concluyó el economista de REDES.