El juez Ángel Hurtado, magistrado del Tribunal Supremo que ha procesado al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha dado tres días a la Fiscalía y al resto de partes personadas para que se pronuncien respecto a la petición de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) de suspenderle de su cargo provisionalmente una vez que se dicte auto de apertura de juicio oral.
En una providencia, el instructor de la causa, Ángel Hurtado, otorga este plazo para que todas las partes aleguen lo que a su derecho convenga. Cabe recordar que la acusación popular que ejerce la APIF realizó esa solicitud después de que la Sala de Apelación confirmase el procesamiento de García Ortiz al considerar que impulsó y coordinó personalmente la filtración sobre la investigación por delitos fiscales contra Alberto González Amador, el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
En su escrito, la asociación sostiene que la suspensión es imprescindible para garantizar el correcto desarrollo del proceso, en tanto que si García Ortiz continuara siendo fiscal general del Estado en el acto del juicio oral, él sería el superior jerárquico del fiscal designado para intervenir y, en calidad de tal, podría impartirle órdenes.
En el marco del procedimiento, el magistrado también ha acordado levantar la suspensión de la tramitación de la causa que acordó el pasado 14 de junio. Tomó esa decisión hasta la resolución de los recursos de apelación interpuestos contra el auto por el que se acordó el procesamiento de García Ortiz y de la jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez.
Fue este martes cuando la Sala de Apelación, conformada por los magistrados Andrés Palomo, Julián Sánchez Melgar y Eduardo de Porres, confirmó el procesamiento del fiscal general del Estado, pero archivó la causa contra Rodríguez al considerar que no había indicios suficientes en su contra.
En cuanto a las últimas diligencias, la Sala de lo Penal del alto tribunal ha desestimado el recurso de la APIF contra el auto del instructor que denegó varias de las diligencias solicitadas. La asociación propuso que la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil determinase si en el teléfono del fiscal general constaban números como los de Pilar Sánchez Acera (exasesora de Moncloa), Miguel Ángel Rodríguez (jefe de Gabinete de Isabel Díaz Ayuso), y varios periodistas.
También pidió que Hurtado requiriera a la jefa de la Inspección Fiscal, María Antonia Sanz Gaite, los tres expedientes de dación de cuenta relativos a González Amador. La fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, testificó que debían existir tres expedientes: uno por la Fiscalía Provincial de Madrid, otro por la Fiscalía Superior de Madrid, y otro en la Fiscalía General del Estado.
La Sala de lo Penal compartió el criterio del instructor sobre la primera petición y argumentó que, en esta causa, los datos del teléfono del investigado no son fiables, ya que borró todos sus mensajes.
Se remiten al auto del instructor de fecha 30 de abril de 2025, donde se recoge el contenido de las comisiones rogatorias cumplimentadas por las autoridades de Irlanda y EE. UU., confirmando dicho borrado. Se levantó el secreto que pesaba sobre las piezas separadas abiertas para el análisis pericial del material incorporado en dichas comisiones rogatorias, según el informe compartido con las partes personadas.
Respecto a la segunda diligencia, la Sala de lo Penal recuerda que esta causa no se ha abierto por prevaricación, sino por revelación de datos o infidelidad en la custodia de los mismos, relativos a un ciudadano investigado por Hacienda y por la Fiscalía, los cuales no deben ser públicos. Añade que dicha diligencia resulta superflua, ya que no se indican en el escrito elementos que puedan servir de soporte al delito, ni los encuentra el instructor
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