El Tribunal Supremo ha confirmado el procesamiento del fiscal general por un delito de revelación de secretos vinculado al empresario Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso. La Sala de Apelaciones ha rechazado el recurso presentado por Álvaro García Ortiz contra la decisión del juez Ángel Hurtado de dictar auto de procedimiento abreviado, lo que supone el cierre definitivo de la investigación y la ratificación, por parte de la Sala Penal del Supremo, de que existen indicios suficientes para juzgar al jefe del ministerio público. La decisión se ha tomado con el voto en contra de uno de los tres jueces de la sala. Por contra, los tres han acordado por unanimidad dejar fuera de la causa a la fiscal jefa provincial del Madrid, Pilar Rodríguez, a la que Hurtado también había procesado.
La confirmación del procesamiento, suscrita por los magistrados Andrés Palomo, Julián Sánchez Melgar y Eduardo de Porres, aboca a García Ortiz a sentarse en el banquillo en un juicio que, previsiblemente, se celebrará en el Tribunal Supremo en los próximos meses. Será la primera vez que se juzgue a un fiscal general del Estado, salvo que presente su dimisión antes de esa fecha. Hasta ahora, García Ortiz ha rechazado esta posibilidad y ha defendido su inocencia. No obstante, la presión para que García Ortiz dimita va a ser enorme, tanto desde el PP y Vox, como de amplios sectores de las carreras judicial y fiscal.
El Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF) prevé la suspensión de empleo y sueldo para los fiscales contra los que se haya dictado auto de procesamiento, pero García Ortiz está fuera de la carrera mientras sea fiscal general (está en servicios especiales), por lo que, según fuentes fiscales, no se le aplica el Estatuto.
El Supremo abrió en octubre una causa por revelación de secretos al jefe del ministerio público por la supuesta filtración a los medios de comunicación de un correo electrónico remitido el 2 de febrero de 2024 a la Fiscalía por el abogado de González Amador, entonces imputado por fraude fiscal y ahora ya procesado. En ese mail, el letrado reconocía que su cliente había cometido dos delitos contra Hacienda y proponía un pacto que le librara de la cárcel. Junto a García Ortiz, la Sala Penal encausó también a la fiscal jefa provincial de Madrid, quien, la noche del 13 de marzo de 2024, envió al fiscal general el correo del abogado, que desmentía el bulo que estaba lanzando el entorno de la presidenta madrileña, según el cual era el ministerio público el que había intentado un acuerdo con González Amador.
Durante los ocho meses que ha durado la instrucción, Hurtado no ha conseguido recabar ninguna prueba que demuestre que fue García Ortiz quien hizo llegar el correo a los medios. El volcado del teléfono móvil de la fiscal provincial reveló que ella le envió ese mail a las 21.59 del 13 de marzo de 2024, pero en los mensajes cruzados entre ambos no había ninguno que apuntara a que ese correo luego se envió a algún medio de comunicación. El fiscal general, por su parte, ha borrado todo el contenido de su teléfono móvil, por lo que los investigadores no han podido acceder a sus comunicaciones de esa noche.
No obstante, en el auto por el que le procesó, el instructor aseguraba que el fiscal general filtró el correo del abogado de González Amador “aprovechando” la información publicada en El Mundo la noche del 13 de marzo de 2024, que daba la falsa versión de los hechos que estaba difundiendo el jefe de gabinete de la presidenta madrileña, Miguel Ángel Rodríguez.
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