Poco más de un año después de haber dejado la presidencia de la Generalitat tras la victoria socialista, Pere Aragonès ha anunciado este martes que renuncia a la retribución fijada por ley para quien ha ocupado el cargo. El expresident, próximo a cumplir los 43 años, ha explicado que asumirá las riendas del negocio familiar y mantendrá la oficina que también estipula la norma. Padre de dos hijos, el excoordinador nacional de Esquerra también aprovechará para finalizar su tesis doctoral, una gran carpeta pendiente en su vida académica y además dará clase de Historia Económica en la Universidad de Vic.
La ley que rige el estatus de los expresidentes catalanes fue aprobada en 2003 y establece que, una vez finalizado el cargo, quien haya ostentado la jefatura del Govern tiene derecho a tres prebendas: una oficina con personal y medios asegurados, una retribución equivalente al 80% del sueldo que se abonaría como mínimo por el equivalente a una legislatura y una prestación del 60% del sueldo cuando se jubile. Hasta 2023, la Generalitat había gastado 53 millones manteniendo la oficina y los gastos de los extitulares de la presidencia del Govern y de la Cámara catalana.
Aunque a Aragonès le faltaron nueve meses para completar la legislatura, la ley le permitía cobrar la prestación por cuatro años, así que renuncia a los tres que aún tenía pendientes. El republicano dejó el cargo cobrando 136.177 euros brutos al año. La oficina, ubicada en el Palau de Pedralbes, la mantendrá activa y aún le quedan más de 20 años para afrontar la jubilación.
El dinero que hasta ahora había recibido Aragonès a cuenta de la prestación era menor en proporción a la de sus antecesores. Una de las primeras medidas que tomó el republicano al llegar a la presidencia de la Generalitat fue rebajarse el sueldo un 15%, lo que también ha tenido efecto en el cálculo de sus prebendas como expresident. En el cálculo tampoco se ha tenido en cuenta el tiempo en que ostentó la presidencia interina, derivada de la inhabilitación de Quim Torra.
En esta nueva etapa, ha explicado el propio Aragonès en un mensaje vía X, no solo asumirá las riendas del negocio hotelero de su padre, Golden Hotels and Experiences. También aprovechará para dar clases de Historia Económica en la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya, donde será profesor asociado. El exjefe del Govern también se centrará en acabar la tesis doctoral sobre política industrial que tiene pendiente y que ha replanteado. Inicialmente su foco de estudio iba a ser la Mancomunidad.
Aragonès ha sido el presidente más joven en democracia y su situación abrió cierto debate sobre el estatuto de los expresidentes de la Generalitat, una norma pensada para momentos de estabilidad política y gobiernos de larga duración, en manos de políticos veteranos. Torra y Artur Mas, por ejemplo, dejaron la jefatura del Govern rozando los 60 años. Josep Tarradellas, Jordi Pujol y Pasqual Maragall lo hicieron con más de 65.
Hasta ahora el más joven había sido José Montilla, que dejó la presidencia de la Generalitat muy próximo de cumplir los 56 años. Después de ello, sin embargo, entre 2011 y 2019 fue senador por designación autonómica y desde 2020 es consejero de la empresa pública Enagás.
El debate para modificar la ley, que suscitó en su día la situación de la expresidenta de la Cámara, Laura Borràs, quedó en la cuneta por los adelantos electorales. Entre otras cosas, los socialistas abogaban por quitar la pensión vitalicia. Se cuestionó entonces que una condenada por prevaricación pudiera acceder a las prebendas. La norma sí se retocó para darle cabida a la situación de Maragall, enfermo de Alzheimer y poder dedicar el dinero de la oficina al cuidado personal del exjefe del Govern.
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