El Ministerio de Trabajo sacó a consulta pública el refuerzo del registro horario un día después de que el Congreso tumbase la prometida reducción de jornada máxima legal de 40 a 37 horas y media. El miércoles pasado PP, Vox y Junts rechazaron el recorte y el jueves el ministerio activó el trámite para endurecer el registro, con el que el departamento de Yolanda Díaz pretende compensar parte de las expectativas frustradas. Es más, Trabajo ha anticipado este lunes que el nuevo registro (para el que no necesita convalidación parlamentaria) conseguirá reducir la jornada efectiva de trabajo, dado el volumen de horas extra impagadas que atajará.
“Si conseguimos que el registro sea fiable, que funcione, y que haga un control masivo y cotidiano de la jornada, se bajará la jornada efectiva de trabajo más que con el proyecto de ley”, han reflexionado este lunes fuentes del ministerio. Las horas extra impagadas afectan al menos a medio millón de empleados. Según los últimos datos de la Encuesta de Población Activa, 420.300 trabajadores no cobran ni una de sus horas extra y 71.400 solo reciben emolumentos por una parte de las horas de más que realizan.
El PSOE modificó el Estatuto de los Trabajadores en 2019 para obligar a que haya un registro horario en las empresas. El diagnóstico de Trabajo es que esa normativa se quedó corta y que no consigue evitar las horas extra impagadas, que era necesario un desarrollo reglamentario que nunca se afrontó y que ahora pretende aplicar Trabajo. De ahí que no necesite el visto bueno del legislativo, al no tratarse de un cambio en una ley, sino de un desarrollo reglamentario de una norma ya en vigor.
Sin embargo, el cambio en el registro horario no llegará tan lejos como pretendían tanto el ministerio como los sindicatos, al menos de momento. En el acuerdo firmado por CC OO, UGT y el ministerio se contemplaba un aumento de las sanciones por incumplimientos empresariales que sí exige un cambio normativo (de la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social), por lo que se ha quedado fuera del texto en fase de consulta pública. Trabajo no renuncia a este aumento de las sanciones, pero de momento está fuera del proyecto.
Como ya venía explicando el ministerio, su objetivo es que el nuevo registro sea interoperable y accesible para la Inspección. Así, los inspectores podrán consultar en cualquier momento los asientos de cualquier empleado. Distintas voces empresariales vienen sosteniendo que este sistema podría constituir una violación de la protección de datos, una premisa rechaza de plano por el ministerio: “La Inspección podrá acceder a estos datos en tiempo real y habrá una salvaguarda de los mismos”.
Desde el departamento de Díaz se subraya que esto no es ninguna novedad, que Inspección ya puede requerir datos parecidos, pero la novedad es que la exigencia de que el registro sea digital agilizará la labor inspectora. En el ministerio recuerdan que las energéticas ya disponen de datos muy pormenorizados del día a día de los ciudadanos y que ello no implica una violación de la protección de datos, mientras se gestionen correctamente.
“El nuevo registro contribuirá a una menor sensación de impunidad de las empresas, a una mayor capacidad de control. Aunque no se eleven las sanciones, poder verificar en tiempo real los horarios es en sí disuasorio”, defiende el ministerio, a favor de un registro “fiable, objetivo y accesible”. Es más, dicen que esta parte del anteproyecto era la central, la “pieza madre, sagrada”.
Más allá de 2025
Asimismo, Trabajo ha dejado la puerta abierta a apoyar a las pequeñas empresas que ahora no cuenten con una herramienta digital con la que registrar la jornada y tampoco ha descartado la posibilidad de una app propia, opción que ya se comentó durante la negociación con los agentes sociales.
Preguntado por los plazos, el ministerio procura no mojarse, pero sí deja claro que es muy difícil que la medida entre en vigor antes de que acabe este año. Subraya que por norma general los desarrollos reglamentarios cuestan al menos entre cuatro y cinco meses desde la salida a consulta pública. Asimismo, Trabajo da por descontado que CEOE pleiteará contra el refuerzo del registro horario en los tribunales.
El ministerio ha aprovechado para trasladar que, tras el fracaso de la reducción en el Parlamento, pasa “a la ofensiva”, que intentará avanzar en más medidas. Entre ellas está el Estatuto del Becario, que “pronto” llegará al Consejo de Ministros, una vez limadas las diferencias con el PSOE, más de dos años después de que Trabajo presentase su acuerdo al respecto con los sindicatos.
También indica que si todo va según lo previsto convocará a los expertos que estudien una nueva subida del salario mínimo la semana que viene y que en breve se presentará el informe sobre la normativa para “democratizar” las empresas, el proyecto con el que Trabajo quiere dar espacio a los sindicatos en los consejos de administración de las compañías.
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